La propuesta establecerá responsabilidades institucionales, criterios de transparencia y medidas para proteger los derechos ciudadanos.
POSTED BY, CRONICARDS, 07/11/2026. SANTO DOMINGO RD.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció que elaborará durante 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, con el propósito de establecer reglas para la adopción y el uso de estas tecnologías en las instituciones estatales.
La propuesta será sometida al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto. Su alcance incluirá la gestión de riesgos, las responsabilidades de las instituciones, la transparencia y la protección de los derechos de las personas ante el uso de sistemas de inteligencia artificial.
El reglamento dará continuidad al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto 787-26, que establece principios y obligaciones sobre protección de datos personales, no discriminación, debido proceso y supervisión humana.
Ese código también contempla evaluaciones de impacto para los sistemas que puedan afectar significativamente los derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que estas iniciativas buscan mejorar la calidad de los servicios públicos y simplificar los trámites ciudadanos mediante el intercambio seguro de información y el uso responsable de nuevas tecnologías.
Señaló que incorporar inteligencia artificial a la gestión estatal requiere datos confiables, coordinación entre instituciones, inversiones tecnológicas bien orientadas y servidores públicos preparados.
Para implementar el Código de Ética, el MAP promoverá los lineamientos correspondientes a sus competencias, en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), responsable de la supervisión ética, y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), encargada de las funciones técnicas previstas en el decreto.
Intercambio de datos y simplificación de servicios
Freund indicó que la preparación del Estado para utilizar inteligencia artificial abarca cinco áreas: datos e interoperabilidad, digitalización administrativa y servicios proactivos, arquitectura pública digital, coordinación de inversiones tecnológicas y formación del personal.
Entre las disposiciones aprobadas figura el Decreto 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos. Su finalidad es facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones y reducir los documentos que deben presentar los ciudadanos.
También citó el Decreto 384-26, que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, mediante la cual las entidades públicas podrán anticiparse progresivamente a determinadas necesidades de las personas y facilitar su acceso a servicios y beneficios.
A estas medidas se suma el Decreto 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, orientado a coordinar las inversiones tecnológicas, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia de los servicios digitales.
Capacitación y evaluación de capacidades
Como parte de esta agenda, el MAP impulsa un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos junto al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La iniciativa orientará la formación del personal en gestión de datos, herramientas de inteligencia artificial y habilidades para la transformación digital. También busca que los servidores públicos comprendan los riesgos y las responsabilidades asociados al uso de estas tecnologías.
La elaboración del reglamento tendrá como uno de sus insumos la Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), desarrollada por el MAP con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La evaluación, cuya misión técnica se realizó en marzo de 2026, analiza la infraestructura, la disponibilidad y gobernanza de datos, el talento especializado y las capacidades institucionales del país, así como sus marcos regulatorios y éticos.
Según el MAP, sus resultados servirán para identificar prioridades y orientar las próximas etapas de la política pública de inteligencia artificial, incluido el marco regulatorio previsto para 2027.
