POSTED BY, CRONICARDS, 27/10/2026. SANTO DOMINGO, RD.-La Justicia dominicana dispuso retirar el control administrativo y gerencial ordinario de Key West Corporation, S.R.L., empresa operadora de un relleno sanitario en el batey La Tumba de Boca Chica, tras constatar graves problemas administrativos y financieros, en medio de investigaciones por presuntos daños medioambientales y denuncias de manejo irregular de fondos millonarios durante más de tres años de operaciones.
La decisión fue adoptada inicialmente por la magistrada Rosa Evelyn Fermín Díaz, de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la ordenanza núm. 504-2026-SORD-0887, del 15 de abril de 2026, que dispuso sustituir la administración ordinaria encabezada por Francisco Javier Lacoma Fernández, gerente de nacionalidad española, vinculada a Naturgreenkapital RD, S.R.L., empresa relacionada, con el grupo empresarial Griñó de nacionalidad Española.
La medida de administración judicial fue mantenida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que mediante la sentencia núm. 02602-2026-SCIV-00530, del 28 de septiembre de 2026, acogió el recurso presentado por los socios dominicanos Cesar Morales y Alejandro Pérez y designó directamente al licenciado Felipe de Jesús Montero de los Santos, integrante de la terna presentada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), como nuevo administrador judicial.
Uno de los aspectos más destacado recogidos en el expediente es la investigación abierta por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, relacionada con presuntos daños ambientales por contaminación con desechos sólidos en las operaciones del relleno sanitario. El caso reviste especial importancia por tratarse de una infraestructura que presta servicios de disposición final de residuos sólidos, vinculados a las responsabilidades ambientales de los gobiernos municipales.
El proceso judicial se originó tras las acciones interpuestas por los empresarios dominicanos César Morales y Alejandro Pérez, socios de Key West Corporation, quienes denunciaron presuntas irregularidades administrativas, restricciones a la fiscalización y un manejo cuestionado de los recursos económicos de la empresa. Entre las denuncias figura la presunta distracción millonaria de fondos en perjuicio de los socios dominicanos, así como la alegada oposición de la administración anterior a una auditoría independiente.
Estos señalamientos permanecen pendientes de verificación mediante los procedimientos correspondientes. Pese diversos incidentes presentados por la parte demandada, el magistrado José Reynaldo Ferreira Jimeno juramentó al licenciado Felipe Montero y quedó designado como administrador judicial de Key West Corporation, en sustitución de la gerencia anterior.
Entre sus responsabilidades figuran realizar un inventario de la situación financiera y patrimonial, preservar los activos, garantizar la continuidad operativa y rendir informes periódicos al tribunal.
La nueva administración tendrá, además, ante sí la solicitud de una auditoría independiente destinada a esclarecer el manejo de los recursos de la compañía durante los últimos tres años.
La administración judicial se mantendrá hasta que los tribunales conozcan y decidan la demanda de rescisión contractual y reparación de daños y perjuicios, conforme a las condiciones establecidas en la ordenanza original.
La intervención de la Justicia abre una nueva etapa para Key West Corporation, orientada a preservar la continuidad de un servicio ambiental de interés público y fortalecer la transparencia y supervisión de sus operaciones, conforme a las leyes de la República Dominicana.
