POSTED BY: CORPUS MONTERO, 07/01/2022.
SANTO DOMINGO RD.-El día Poder Judicial encuentra ese estamento con el desafío emitir sentencias en los casos de corrupción que han sido presentados por el Ministerio Público en el último año, en un ambiente de presión por fallos ejemplarizantes, respeto al debido proceso y evitar el populismo penal.
Participación Ciudadana llamó a los magistrados a no dejarse presionar por los cuestionamientos de tipo político a la hora de emitir sentencias, mientras que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), instó a cuidar los procesos de la sobreexposición mediática y evitar el populismo penal.
“A la sociedad le toca jugar su rol, por igual pues este año estará marcado por el inicio de varios procesos judiciales de corrupción de gran dimensión y los imputados y los que están detrás de ellos tratarán de socavar la credibilidad de los jueces con toda suerte de acusaciones, sobre todo de estar obedeciendo líneas partidarias”, expresó Leydi Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana.
Aconsejó a los jueces no dejarse amedrentar por campañas de esa naturaleza. “Y deben recordar que la sociedad respaldará a los jueces valientes que no se dejan provocar y aplican la ley con imparcialidad y garantizando el debido proceso, ahora tienen una muestra en carne y hueso de que es así en la persona de Miriam Germán Brito”, expresó.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, valoró el trabajo del Ministerio Público. “Valoramos que desde la propia Procuraduría General de la República se ha mostrado la importancia de dedicar los tiempos necesarios a los diferentes procesos de investigación en curso, generando por tanto una respuesta más efectiva y eficaz de cara a la persecución de la corrupción y de las distintas modalidades del crimen organizado”, apuntó.
Sin perjuicio de lo anterior, añade el comunicado de la Finjus, existe la necesidad de que la persecución penal no derive en el sobretratamiento mediático de los casos, y se evite generar un proceso irregular o violaciones de los derechos del sujeto inmerso en un proceso penal en calidad de imputado.
“Esta garantía resulta ineludible para que los imputados no se vean expuestos a un juicio anticipado e incluso a una condena moral con sentencia dictada en los medios de comunicación, y se convierta en uno de los graves peligros advertidos por las más importantes corrientes de la doctrina jurídico-penal: el populismo punitivo o populismo penal”, apuntó.
La SCJ ha organizado varios actos para conmemorar el Día del Poder Judicial que incluyen una misa en la Catedral, una ofrenda floral en el Altar de la Patria y una audiencia solemne en la sede de la SCJ con la asistencia del presidente Luís Abinader.
Llaman aprobar ley medios digitales
Tanto Participación Ciudadana, como Finjus y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) abogan para que se apruebe el proyecto de Ley de medios digitales sometido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
“Abogamos porque el Congreso aprueben el proyecto de ley que sometió la SCJ para permitir la virtualidad como una forma de facilitar el conocimiento de los casos, reducir la mora judicial y sobre todo no exponer a jueces, abogados y partes al virus”, explicó Blanco.
“Con esta pieza se procura establecer un procedimiento institucionalizado para que los usuarios de servicios judiciales puedan, de manera virtual, realizar solicitudes, someter documentación y tener acceso a toda la información relacionada con procesos, procedimientos, sentencias públicas, roles de audiencias y todo tipo de documentos que tengan carácter público”, explicó Luis Manuel Pellerano, presidente de la Anje.
En el marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial, agregó que la reciente deshabilitación de las gestiones judiciales de servicios por la vía virtual, marcan un retroceso en la modernización del acceso a la justicia, ahorro de recursos, la eficiencia y productividad de los usuarios de servicios judiciales.
Sobre ese particular, la coordinadora de Participación Ciudadana dijo que aprobar ese proyecto impactará para eliminar la mora judicial.
La Finjus aclaró que la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó los protocolos de las audiencias virtuales aclaró que los medios digitales no contradicen el texto constitucional.
“A propósito de que recientemente intervino la sentencia TC/0286/21 de fecha 14 de septiembre de 2021 emitida por el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una serie de protocolos que amparaban los procedimientos virtuales, resulta necesario destacar que el contenido de la sentencia aclaró que no se trata de que el uso de los medios digitales contravengan el contenido constitucional, sino que deben estar regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del órgano”, apuntó.
En ese sentido, la Finjus establece como un desafío para este año aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial que actualmente se encuentra en la fase de estudio en el Congreso.
Señaló que ese proyecto permitirá lograr una verdadera transformación digital que permita alcanzar una adecuada interacción con el ciudadano, mayores niveles de accesibilidad a la justicia y la dinamización de los procesos y servicios judiciales.
CARD deplora falta de recursos al sector
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) deploró que se cumplan 17 años de violación a la independencia financiera de la justicia precisamente en el Día del Poder judicial y lamentó que este sector tenga que mendigar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional los recursos que les toca por Ley. Una comisión de juristas encabezados por Miguel Surun, presidente del gremio, informó que el artículo 3 de la Ley 194-04 de independencia y autonomía presupuestaria establece que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público debe de ser de por lo menos 4.10% del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el (PJ) y un 35 para la Procuraduría General de la República, pero que eso no se cumple. El Card denunció que las limitaciones de recursos han imposibilitado mejorar las condiciones laborales y económicas de jueces, fiscales y otros servidores del sector, muchos de los cuales laboran en condiciones críticas y con salarios pírricos.
