Con su lucha contra la corrupción y contra la impunidad aportó credibilidad a esa instancia investigadora, persecutora y protectora de la sociedad
POSTED BY : CORPUS MONTERO, 28/12/2022.
SANTO DOMINGO RD.-Su designación, y con el mismo decreto la de Yeni Berenice Reynoso como su adjunta, vino a cumplimentar una promesa reiterada por el presidente Luis Abinader, de que a su llegada al poder propulsaría la independencia del Ministerio Público, algo que la propia magistrada Germán ha corroborado al dar fe de que en ningún momento el Ejecutivo se ha inmiscuido en sus labores de la Procuraduría.
Para mayor relevancia del “team”, Wilson Camacho, procurador adjunto y director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha desempeñado un rol protagónico en ese ámbito en el que la población siempre quiere más.
El balance de los poco más de dos años de esta gestión deja ver a un Ministerio Público del que, si bien la ciudadanía y en cierta medida los medios de comunicación realzan lo atinente a los sometimientos de personas acusadas de peculado, ha sido mucho más que eso en otros aspectos propios de las atribuciones del órgano persecutor.
Los hechos, su historia
Que en diciembre del 2020 se llevara a la Justicia a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, y a un grupo de funcionarios de su gobierno, fue la primera acción en materia penal que resultó bien vista por diversos sectores.
Para algunos, esto habría sentado un gran precedente, porque junto a otros sometimientos se estima que durante décadas no se había visto a un Ministerio Público que pudiera tocar a círculos encumbrados del poder político y militar.
Se dio inicio así a otros grandes casos anticorrupción, y si bien a la fecha no se ha tenido un resultado definitivo, debido a la dinámica que implican estos procesos complejos, el Ministerio Público ha podido mantenerlos en los tribunales al presentar acusaciones formales, aunque arrastra críticas de que en ocasiones lo hace en el último momento del último día hábil.
Luego de esto, sí comenzaron los sometimientos y el primer caso que, sin dudas, más acaparó la atención de la ciudadanía desde entonces, fue el de los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Carmen Magaly Medina, esta última funcionaria de su gobierno, y otros pasados ministros y directores de entidades, a quienes se les imputa pertenecer a una red para desviar los fondos de varias entidades públicas.
El denominado caso Pulpo ahora se encuentra en fase preliminar, luego de haber superado la etapa de medida de coerción en la que el Ministerio Público logró que un tribunal impusiera prisión preventiva para los cabecillas, que actualmente guardan arresto domiciliario después de cumplir el tiempo máximo que establece la normativa procesal para que un imputado esté recluido.
Meses después del caso Pulpo, el Ministerio Público llevó a los tribunales a altos rangos militares. Fue otro “boom” que sorprendió “a todo el vivo”, debido a la magnitud de los hechos y por las figuras involucradas.
Uno de estos fue el jefe de seguridad presidencial en el gobierno de Medina, Adán Cáceres, el cual se encuentra ahora realizando los trámites para salir de la cárcel, luego de que una jueza le variara la prisión preventiva por arresto domiciliario, mientras se conoce el proceso en su contra y contra los demás militares sometidos en el caso Coral, que se encuentra en audiencia preliminar.
Otro asunto por el que el Ministerio Público recibió elogios fue el apresamiento del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de liderar un entramado para distraer dinero de la entidad que dirigió por cuatro años.
En el caso Medusa, igualmente fueron procesados otros funcionarios. El proceso también se encuentra en audiencia preliminar, y su vista está prevista para comenzar en febrero próximo.
Ahora el reto del Ministerio Público es lograr, basado en lo que presentó en la acusación formal, que los tribunales que conocen estos casos envíen a los imputados a juicio de fondo para ser juzgados por corrupción, lavado de activos, estafa contra el Estado y otros delitos.
Otro de los casos sometidos fue el del fraude millonario en uno de los sorteos de la Lotería Nacional, en el que está como principal implicado el exadministrador de la entidad, Luis Dicent.
El proceso se encuentra en juicio de fondo, en el que la mitad de los imputados ya admitió su culpa al llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, quizás para que se solicite una sentencia baja para ellos.
En el principio de estos casos, el Ministerio Público pidió prisión preventiva, lo cual le fue concedido. Es una queja de muchos sectores el hecho de que siempre se pida a los tribunales que impongan esta medida de coerción que debe ser la excepción. Pero a medida que avanza el tiempo, los imputados están saliendo de los centros carcelarios.
No solo ha sido corrupción
Hay que mencionar otras acciones que testifican que no solo se ha centrado en perseguir casos de corrupción. Por ejemplo, casos por los que nunca se habían abierto investigaciones, aunque todavía no ha habido sometimientos, como interrogar a funcionarios y exfuncionarios sobre temas relacionados a la no entrega de las declaraciones juradas.
Otros delitos como la trata de personas para explotación sexual, el tráfico de inmigrantes, el lavado de activos provenientes del narcotráfico y la ciberdelincuencia han sido asumidos por este Ministerio Público.
Los fiscales llevaron a los tribunales a decenas de personas mediante las operaciones Falcón, Larva, Discovery, Cattleya, FM e Iguana.
En estos casos, excepto Falcón (que ya está en audiencia preliminar), el Ministerio Público deberá presentar la acusación formal o de lo contrario los procesos se caerían y no habría después “una salvación”.
En todos los mencionados, el número de los imputados se acerca a las 200 personas, y todavía faltan, según las investigaciones que los fiscales tienen en curso. La misma procuradora Germán Brito reveló hace un tiempo que tenían abiertas aproximadamente 500 pesquisas.
