POSTED BY, CORPUS MONTERO,20/07/2022.
SANTO DOMINGO RD.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana recibió por parte de diversas organizaciones ambientales y comunitarias la solicitud para que se integre al equipo multidisciplinario que conformará el Ministerio de Salud Pública para realizar una investigación a fin de establecer la magnitud de los graves daños a la salud que provocan las barcazas de generación eléctrica ubicadas en el río Ozama propiedad de Seaboard Transcontinental.
Las organizaciones hicieron esta solicitud a la Academia de Ciencias en su calidad de institucion científica, como veedora y garante de un trabajo transparente y que dé mayor legitimidad y confianza a la sociedad civil.
Consideraron además, que la Academia tiene como misión “el conocimiento, promoción, la investigación y la difusión de la ciencia y la tecnología en el país, como base imprescindible al desarrollo nacional, sostenible e independiente”, y alienta y apoya investigaciones en diversas áreas del saber humano.
También, que uno de sus objetivos es velar por la protección y defensa de los recursos naturales, “entendidos como un patrimonio insoslayable y vital del país, propiedad y riqueza que pertenece a la sociedad en su conjunto y a los futuros ciudadanos dominicanos”.
Fueron recibidos por su presidente y coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Luis Schecker Ortiz y Felícita Heredia, respectivamente.
Tras recibir la solicitud, el doctor Luis Schecker Ortiz manifestó que la Academia de Ciencias siempre ha tenido la posición de respaldar toda acción que persiga la protección del medio ambiente y los recursos naturales y particularmente del agua, de manera “que es un compromiso formal que la Academia de Ciencias formula, pudiendo contar siempre con el apoyo de nuestros investigadores para que se hagan los estudios correspondientes”.
Valoró positivamente poder tomar todos juntos una acción conjunta que permita liberar a la nación y a las partes que están siendo ahora mismo duramente afectadas de esta “anómala situación”.
“No sabemos cuál fue la autorización o el derecho que acompaña a estas empresas, pero ningún derecho está por encima de la Constitución de la República y si se ejerce un derecho mal habido, entonces la Constitución de la República impone que se hagan regulaciones y se pongan en buenas condiciones lo que hasta ahora ha sido un daño y un perjuicio muy perturbador para la nación y para el país”, expresó Schecker Ortiz.
Junto a esta solicitud, las organizaciones también le entregaron a la Academia de Ciencias un estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de esas barcazas afectan la salud de los moradores de sectores de la zona, tales como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita y la Ciudad Colonial.
Las entidades que hicieron la solicitud fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); la Central de Trabajadores Unificados (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.
Las entidades de defensa ambiental y legal solicitaron al presidente de la Academia de Ciencias, doctor Luis Scheker Ortiz, designar una representación de la institución para que sea parte integral del equipo que habrá de ser designado por el Ministerio de Salud Pública en la investigación sobre los impactos de estas barcazas, tanto a la salud como al medio ambiente, reiterando que la participación de la Academia de Ciencias y del Colegio Médico Dominicano constituyen la garantía de estos estudios a ser ejecutados.
El informe entregado establece la presencia de contaminantes del aire en la zona donde operan las barcazas, tales como los óxidos de nitrógeno, cuya exposición al NO2 que es el principal de estos, provoca irritación del tracto respiratorio, broncoconstricción y dificultad para respirar, ataques de asma y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias.
También, que las emisiones de óxidos de azufre forman partículas contaminantes que alteran el desarrollo de la función pulmonar en los niños y contribuye al deterioro de la función pulmonar en los adultos; y además, causa y agrava el asma y enfermedades cardiovasculares.
“Este estudio revela que esas plantas están contaminando 15 veces más o por encima de lo que estipulan las normas para un generador de esta misma capacidad. Y están provocando asma, enfermedades cardíacas, de la piel e insomnio, enfermedades nerviosas por las vibraciones. Por el tiempo prolongado de las plantas de 32 años, es necesario, examinar las víctimas de la zona”, manifestó Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA.
Con relación al ruido y la vibración, el documento cita que, “la presencia de una contaminación significativa por ruido y vibraciones es una fuente de malestar y posiblemente una fuente de graves problemas de salud para las comunidades vecinas”.
Señala el estudio: “Los niveles altos de ruido pueden provocar pérdida de audición, especialmente durante períodos prolongados. Sin embargo, más allá de la pérdida auditiva, la exposición prolongada a niveles de ruido incluso moderados causa una amplia gama de problemas, desde la interrupción del sueño hasta el deterioro del rendimiento cognitivo en los niños y enfermedades cardiovasculares”.
Por estas razones el informe concluye que: “Las barcazas eléctricas que operen bajo estándares marinos para impactos ambientales no son adecuadas para su colocación en comunidades densas como Santo Domingo durante períodos prolongados”. Otra de las conclusiones del informe es que el HFO (full oil), el más sucio de los combustibles derivados del petróleo debe cesar por completo.
Esta coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG), previamente depositaron una instancia ante el Ministerio de Salud Pública solicitando la realización de una exhaustiva investigación médica para establecer la magnitud de los graves daños a la salud que provocan estas barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental ubicadas sobre el río Ozama. Requirieron la intervención del Ministerio de Salud Pública como entidad rectora en materia de salud colectiva en nuestro país.
