POSTED BY: CORPUS MONTERO, 06/07/2022.
SANTO DOMINGO RD.- El presidente Luis Abinader implementó este miércoles el decreto 31-22 que permitirá a las micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes industriales) tener prioridad en los procesos de compra y contrataciones de 18 instituciones públicas de carácter social.
Esta política contribuirá en gran medida a lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible en el país, y representa un hito trascendental para el desarrollo del sector y el crecimiento de su productividad y competitividad.
Al hablar durante el acto realizado en el Salón Verdel del Palacio Nacional, el jefe del Estado dijo estar convencido de que las industrias mipymes cuentan con la calidad necesaria para suplir la demanda de bienes de las instituciones.
Sector mipymes había sido olvidado
De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó dijo que el Gobierno del presidente Abinader asumió el compromiso de respaldar a las mipymes industriales, que ha sido un sector que durante dos décadas había sido olvidado y excluido de los procesos de compras y contrataciones gubernamentales.
“Estas acciones son un espaldarazo para que puedan desarrollarse y seguir creciendo”, sostuvo Bisonó.
MIPYMES REPRESENTAN CERCA DEL 98% DEL TEJIDO PRODUCTIVO NACIONAL
En tanto, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que, “esta acción, en el orden estratégico, fortalece el mercado público mediante contrataciones innovadoras que permitirán avanzar en la generación de economía de triple impacto”.
Respecto a las compras y contrataciones públicas añadió que estas representan entre el 28% y 33% del presupuesto nacional, y que constituyen un factor clave para el desarrollo y para que las instituciones estatales puedan cumplir con sus planes, estrategias, compromisos y metas.
Manifestó que el monto contratado por las 18 instituciones indicadas en el decreto es de 108 millones de pesos desde agosto 2020 a la fecha, y que de ese monto el 47% fue adjudicado para la adquisición de bienes.
Explicó que estos datos muestran la magnitud del alcance de este decreto y que el 67% de los procesos publicados de las 18 instituciones corresponden a la compra de bienes, y 24% es destinado a MIPYMES.
Carlos Pimentel argumentó que las MiPymes representan cerca del 98% del tejido productivo nacional y generan un aproximado de 2.2 millones de empleos directos, “lo que representa un 54% de la población ocupada laboralmente de la República Dominicana, un sector que aporta cerca del 40% del PIB nacional”.
Dijo que con la promulgación del decreto 31-22, en enero, hubo un incremento de 82% de las empresas habilitadas para participar y las solicitudes de Registro Industrial en PROINDUSTRIA aumentaron en un 80%.
Explicó que solo en actividades manufactureras, el impacto inmediato de este decreto podría permear a más de 120 mil empleos directos de MiPymes Industriales que ya están habilitadas para transar, e impactar cerca de 360.000 empleos indirectos de diversas actividades económicas MiPymes, equivalente a un 16% de los empleos aproximados que generan las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana.
EL DECRETO 31-22
El decreto 31-22 tiene vocación de beneficiar a casi 6,000 unidades productivas consideradas mipymes industriales que aportan más de 30,000 empleos formales en todo el territorio dominicano.
Este sector, que cumple con un rol fundamental en la dinamización de las economías locales, también representa el 90 por ciento del total de las industrias de manufactura local existentes en el país.
Las disposiciones del referido decreto abarcan al Plan Social de la Presidencia, Programa Supérate, Comedores Económicos, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Policía Nacional, Servicio Nacional de Salud, centros públicos de salud, Ministerio de Defensa, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.
De igual manera, al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Promese Cal, Instituto de Estabilización de Precios, Ministerio de Educación, de la Vivienda, Instituto de Auxilios y Viviendas, Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos y cualquier otra entidad que tenga relación con los programas citados.
