POSTED BY, CRONICARDS, 13/05/2025.
SANTO DOMINGO RD.-La Federación Dominicana de Comerciantes, junto a representantes del sector musical, presentó este martes un anteproyecto de ley para modificar las leyes 287-04 y 90-19 sobre control de ruidos. La propuesta fue expuesta durante una reunión con diputados y la senadora Aracelis Villanueva, de la provincia San Pedro de Macorís.
El presidente de la Federación, Iván García, expresó su preocupación ante lo que calificó como “actuaciones arbitrarias” por parte de la Policía Nacional, incluyendo allanamientos sin órdenes judiciales y decomisos ilegales de equipos de sonido en hogares y negocios.
Acusan a la Policía de incumplir la ley y sentencias del Tribunal Constitucional
García subrayó que la Ley 90-19 exige levantar un acta de inspección al momento de cualquier incautación, y que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que se necesita una autorización judicial previa para decomisar equipos.
“Mucho menos pueden penetrar a hogares o negocios sin una orden de un juez”, afirmó.
Reproductor de vídeo
00:00
04:49
El objetivo: garantizar un control justo, no eliminar la regulación
La Federación aclaró que no se oponen al control de ruidos, sino que buscan garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos ciudadanos. Iván García defendió la necesidad de aplicar correctamente la ley, incluyendo el reconocimiento de zonas de tolerancia musical, cuyos permisos —explicó— deben ser emitidos por alcaldías, con la no objeción del Ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, denunció que el Ministerio de Interior y Policía ha estado anulando estos permisos, asumiendo competencias que no le corresponden legalmente.
Impacto económico severo en el comercio musical
García alertó sobre el fuerte impacto económico que estas acciones han tenido en el comercio legal vinculado a la música. “Las ventas de equipos de sonido y accesorios han caído más de un 60%, afectando a micro, pequeñas y grandes empresas”, denunció.
El dirigente también criticó la prohibición de cambiar radios dañados en vehículos, lo cual —según afirmó— viola derechos básicos de los consumidores.
“Somos un sector que paga miles de millones en impuestos y genera miles de empleos. Necesitamos que se respete el marco legal para poder continuar operando”, concluyó García.
