Los Ángeles, 4 ago (EFE).– Las polémicas boyas en el Río Grande en la frontera con México, con las que Texas quiere detener el flujo de migrantes, prometen convertirse en otro fracaso como el muro del expresidente Donald Trump o los contenedores fronterizos instalados el año pasado en Arizona.
Expertos consultados por EFE señalaron que estas medidas solo logran protagonismo político de sus autores que se someten a largas batallas judiciales, pero fracasan en la detención de los migrantes indocumentados y violan los derechos humanos de aquellos que cruzan al someterlos a riesgos mortales.
A pocas semanas de la instalación de 300 metros de boyas con alambres de púas en el sector de Eagle Pass, Texas enfrenta dos demandas y varias protestas del Gobierno de México, entre ellas por el hallazgo esta semana de dos cadáveres en el lado mexicano.
El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió la semana pasada a una corte que ordene a Texas retirar la barrera flotante en un plazo de 10 días al considerar que violan los tratados internacionales, daña las relaciones con México y son un peligro para la seguridad pública.
«Abbott no va a desperdiciar esta oportunidad de seguir con su juego» y llevarlo hasta las últimas instancias, dijo, sin embargo, a EFE Miguel Tinker-Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College.
El gobernador por su parte justifica sus acciones culpando al presidente Joe Biden y a los demócratas de inacción a la hora de detener la migración.
Para Raúl Hinojosa, profesor de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), las acciones de Abbott siguen el camino que el expresidente Donald Trump (2017-2021) marcó para avanzar su agenda política.
«Todo esto es una manipulación que solo se ha podido detener en las cortes», dijo a EFE el coautor del libro «The Trump Paradox».
Ese ha sido el caso del famoso muro de Trump.
El pasado 17 de julio la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) logró un acuerdo con el gobierno federal para poner fin a varias demandas judiciales de 2020 contra el Gobierno Trump por el desvío de fondos asignados a la Defensa para la construcción del muro fronterizo con México, después de que el Congreso se negara a aprobar dinero para la barrera.
Ante la victoria, ACLU dijo que esperaba que el resultado de la batalla legal, impulsada por defensores del medio ambiente, sirviera como «recordatorio duradero de que las políticas gubernamentales impulsadas por la siembra del miedo… terminan dañando nuestros intereses».
Los defensores del medioambiente y el Gobierno Biden también se alzaron con otra victoria al lograr detener la construcción de un muro de contenedores de cinco metros de alto levantado el año pasado por el entonces gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, en el sector de Yuma.
En enero pasado la ahora gobernadora demócrata Katie Hobbs ordenó desmantelar la construcción y poner fin al plan de colocar en fila 3.000 contenedores con alambre de púas en la parte superior, con un costo de unos 120 millones de dólares.
Estas medidas en la frontera exponen a peligros mortales a los migrantes, se lamentó Tinker Salas.
Además de los dos muertos de esta semana, una reciente investigación de los diarios Houston Chronicle y San Antonio Express News apuntaron que agentes de Texas recibieron órdenes de empujar niños de vuelta al río Grande y de negar agua a los solicitantes de asilo, incluso en las condiciones de calor extremo.
Según las denuncias, una niña de 4 años se desmayó por el agotamiento por calor después de que los soldados la empujaran hacia el Río Grande, y una joven embarazada quedó atrapada en un alambre de púas y tuvo un aborto espontáneo.
«Estamos desperdiciando miles y miles de dólares y tiempo en esfuerzos inútiles para lograr una distracción que se podrían usar en temas reales de política pública que se pueden implementar, incluso una reforma migratoria», subrayó Hinojosa.
Las boyas y el alambre de púas instalados hacen parte de la operación Estrella Solitaria, emprendida por Abbott en marzo de 2021 y en la que Texas ha asignado cerca de 9.500 millones de dólares hasta 2025, según datos citados por el The Wall Street Journal.
Además del costo económico, Tinker Salas considera que también están desgastando el sistema de Justicia de EE.UU. y la confianza que se tiene en ellos.
«Los republicanos saben que estos procesos judiciales pueden extenderse por años y ahora están usando a los jueces nominados por Trump para alargar estos procesos, aunque sepan que van a perder», puntualizó el catedrático. EFE
