POSTED BY: CORPUS MONTERO 24/02/2022
SANTO DOMINGO RD.- El presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, desmintió el supuesto autoritarismo en el desempeño de sus funciones, luego de la acusación de la magistrada Tomasina Tolentino de McKenzie, quien le envió una carta reclamándole que toma acciones unilaterales e inconsultas y exigiéndole “respeto y consideraciones” como miembro del Pleno.
En un comunicado explica que se limita al estricto cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley 10-04, lo cual ha generado cambios en la forma en la que se dirige el accionar de la institución, y que posiblemente, haya generado algún tipo de confusión entre algún personal de esta institución.
“El Pleno de Miembros se reúne periódicamente, tomando las decisiones de manera colegiada en función al voto de la mayoría, por consiguiente, nuestra conducta se encuentra apegada a la Constitución, las leyes y las buenas prácticas que rigen el ejercicio de nuestras funciones en la Cámara de Cuentas”.
Dijo que ante las expectativas que tiene la sociedad dominicana y las necesarias respuestas que espera de esta Cámara de Cuentas, “no nos vamos a distraer y buscaremos los medios como Pleno para aclarar cualquier confusión”.
La carta, depositada a través del área de correspondencia, hace mención de “constantes aseveraciones de que usted (Janel Ramírez Sánchez) es la máxima autoridad, el jefe de todo el mundo incluyendo los miembros desconociendo la horizontalidad en el pleno y sobre todo del bufete directivo contemplado en nuestra ley y en la 247-12, orgánica de la administración publica”.
La comunicación con fecha de hoy detalla cuatro fechas recientes donde alegadamente Ramírez se habría pronunciado al respecto en reuniones el 25 de enero del equipo de auditoría, el 9 de febrero del plan de compras, el 11 de febrero de planificación estratégica y el 22 de este mes durante un encuentro de seguimiento a la elaboración del informe al congreso.
Tolentino asegura en la misiva, enviada también a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, “usted puede decirlo y no pasaría nada, lo delicado es que toma acciones y da instrucciones unilateralmente e inconsultas a los miembros, afectando la operatividad y contradiciendo órdenes de los coordinadores de comisiones y áreas”.
Antes de detallar los incidentes, la magistrada le plasma al presidente de la cámara lo que establece el artículo 18 de la Ley 10-04:“La máxima autoridad de la Cámara de Cuentas es el pleno, integrado por todos sus miembros, cuya dirección permanente estará a cargo del presidente de la entidad”.
También cita el articulo 13 que indica:“Al designar los miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado de la República conformará un bufete directivo, integrado por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes durarán en sus funciones por el período de dos años”.
Tolentino le expresa que es menester reiterarle que él es “el representante legal de la institución, y su máxima autoridad ejecutiva’” en los asuntos administrativos y técnicos. Pero al mismo tiempo le señala que “el legislador en su sabiduría supo que no podía haber cinco miembros firmando documentos, trámites o representando a la institución, y delegó esas tareas operativas en el cargo que hoy ostenta”. Añade: “Debo resumir recordándole que no existe jerarquía entre los miembros del Pleno, sí, hay uno llamado a coordinar y es usted”.
Con relación a las supuestas aseveraciones dice Tolentino en la comunicación, “No entendemos las razones que le motivan” a utilizarlas “en detrimento del personal de esta Secretaria especialmente y, en general, de la Cámara”, señalando que es algo que han planteado en diversas reuniones, correos electrónicos y sesiones del Pleno intentando facilitar las funciones y mejorar la comunicación entre los miembros.
Sin embargo expresa que infieren la situación se debe a “Nuestros votos disidentes sobre decisiones mayoritarias que entendemos no están conforme a las normativas vigentes o que no responden al interés propio de la Cámara de Cuentas”, “Solicitudes de realizaciones de un mayor número de sesiones del Pleno de conformidad a lo establecido en la Ley 10-04 y su reglamento de aplicación”, “Conocimiento en el Pleno de temas sustantivos, no meramente administrativos”, y “Conocimiento y decisiones sobre informes de auditorías realizados por este nuevo Pleno y de anteriores”, entre otros puntos.
Igualmente, la comunicación dice que ninguna causa que podría motivar los comentarios del presidente de la institución, “justifica la ineficiencia” a la que Ramírez Sánchez en su condición de presidente del bufete directivo y responsable de realizar los proyecto de agenda del Pleno “llevaría a la Cámara de Cuentas de continuar con actitudes mostradas hasta ahora”.
Tolentino asegura que desde su selección, ha puesto sus competencias y experiencia al servicio de los mejores intereses de la nación, así como del órgano fiscalizador.
La magistrada forma parte del pleno de la Cámara de Cuentas, cinco miembros escogidos por el Senado en abril del año pasado, tras seis meses de evaluaciones. En ese momento el presidente de la Comisión Especial de la Cámara Alta apoderada de la escogencia, Antonio Taveras Guzmán, afirmó que se eligió una Cámara que responde a los principios y normas que rigen sus funciones y no intereses político-partidarios o de grupos corporativos.
Las diferencias y escándalos vinculados a los pasados miembros de la institución fiscalizadora provocaron que el presidente Abinader, en sus primeros días de gestión, los acusara de responder a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana, de ser parte del blindaje de dicho partido, instándolos a renunciar.
El presidente en ese momento Hugo Álvarez dijo redactaría su carta de renuncia, aunque nunca lo hizo.
El Ministerio Público, luego allanó la entidad y acusó a los antiguos integrantes de violar las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública y Compras y Contrataciones, entre otros delitos.
Ahora, menos de un año mas tarde, la secretaria del bufete directivo dice depositó su carta vía correspondencia alegando que el despacho de Ramírez Sánchez han dicho “que usted ha dado orden de no recibir ningún documento, sino que usted personalmente discriminará qué recibe y qué no; hecho inaudito que dificulta, hace retroceder el trabajo administrativo y que contraviene las prácticas gerenciales modernas”.
