POSTED BY: CORPUS MONTERO10//12/2021
SANTO DOMINGO RD.-El procurador adjunto Wilson Camacho defendió ayer miércoles la lucha contra la impunidad que se lleva a cabo en República Dominicana y advirtió que los corruptos seguirán cayendo.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) hizo la advertencia cuando respondía preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego del aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción a 12 de los 13 imputados del Caso Coral 5G.
Sobre ese caso, dijo, “nosotros estamos en condición de conocer el proceso con todos juntos, en esa condición estamos desde el primer día, y estamos en condición de conocer el proceso a 12 como lo estamos haciendo ahora y conocer el proceso individual con relación al imputado Viola cuando la Corte resuelva la recusación y se fije la audiencia. Hoy hemos avanzado un 25 por ciento de la imputación y mañana seguiremos a las 2:00 de la tarde”, detalló Camacho.
En relación con la recusación que hizo el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), dijo que la acción tiene como objetivo retardar el proceso.
“Esa recusación, iniciando por la que presentó la defensa del imputado Viola, habiéndosele rechazado la recusación que había presentado previamente contra la jueza (Kenya Romero), no es más que una muestra de cómo algunos abogados se prestan para procurar un retardo innecesario de los procesos. Este es una muestra de litigio temerario”, señaló.
Refirió que esta defensa no ha hecho solamente esto con esta jueza, al indicar que lo hizo también con la jueza control del proceso Anti Pulpo y que lo hizo con el juez que era control anteriormente. “Es una conducta reiterativa”, reiteró Camacho a los periodistas.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este jueves a partir de las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En este caso, también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
