POSTED BY: CORPUS MONTERO, 19/12/2021.
SANTO DOMINGO RD.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó ante el Tribunal Constitucional una opinión a favor de que se cumplan las disposiciones constitucionales y convencionales que ordenan salvaguardar y proteger a las personas con discapacidad auditiva, especialmente en lo que concierne al lenguaje de señas.
La institución introdujo esta opinión mediante un “amicus curiae”; una figura constitucional cuyo objetivo es colaborar en la edificación del Tribunal Constitucional cuando se trate de casos de trascendencia constitucional o que resultan de interés público.
Esta opinión del Defensor del Pueblo sugiere al Tribunal Constitucional ponderar los argumentos de la “Acción directa de inconstitucionalidad por omisión legislativa al inobservar 26, 39 numeral 3 y 64 numeral 2 de la Constitución” y el artículo 30 numeral 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentada por la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (Ansordo).
En este sentido, la opinión del Defensor del Pueblo persigue que se ordene al Congreso Nacional cumplir con estas disposiciones y, consecuentemente, aprobar el Proyecto de Ley que Regula las Políticas Públicas para Personas Sordas y la Lengua de Señas en República Dominicana (Iniciativa No. 00997-2021-SLO-PE) que reposa en el Senado de la República o, en su defecto, cualquier otro proyecto de ley que persiga los mismos objetivos.
“La lengua de señas es de vital importancia para que las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse y desarrollar actividades propias de su cultura, además de obtener los servicios que requiere todo ciudadano, es por ello que estamos elevando esta opinión ante el Tribunal Constitucional para que se cumplan las leyes ordenadas a protegerlos” señaló el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
El titular de la institución expresó que el Estado dominicano debe garantizar que no se vulneren los derechos de las personas discapacitadas y por tal motivo, se mantendrán atentos a cualquier inobservancia a la Constitución Dominicana y que vaya en detrimento de los ciudadanos más desprotegidos.
