Piden cumplir sentencia del TC que ordena devolución de bienes al empresario Antonio Carbone.
Santo Domingo, República Dominicana.- Representantes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y defensores de los derechos humanos, protestaron frente al Palacio Presidencial en reclamo que se respete la inversión extranjera en el país.
En ese sentido, solicitaron que se cumpla con la sentencia que ordena la devolución de los bienes al empresario Antonio Carbene.
Los representantes del Falpo y del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Manuel Ventura y Diógenes Ozuna, respectivamente, entregaron un documento, en el que expresan su inquietud por las violaciones a la seguridad jurídica.
Mientras que Gabriel Sánchez, Coordinador Nacional del FALPO, precisó que se hace necesario que se dé cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional(TC) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ordenan la entrega de los bienes al empresario canadiense Antonio Carbone.
«El Tribunal Constitucional es la más alta instancia y ya evacuó una sentencia que ordena la devolución de esos bienes y pareciera que hay un entramado de corrupción que se quiere perpetuar y que hasta ahora ha impedido que se ejecute la decisión del tribunal de alzada»,dijo Sánchez.
Instó al presidente Luis Abinader a que interceda para que antes de concluir su mandato de la Procuradora Mirian German, haga justicia en el caso Carbone.
Asimismo, instruir al Ministerio de Hacienda entregar los bienes del empresario extranjero.
De su lado, Ozuna, quien se presentó encadenado, afirmó que el Estado está obligado a garantizar la inversión extranjera y que en el caso de Carbone se ha hecho todo lo contrario.
Advirtió que continuarán su lucha para que se respeten los derechos y se respete la dignidad del inversionista extranjero.
Los dirigentes populares estuvieron acompañados de decenas de personas que portando pancartas y lanzando consignas, reclamaban justicia para Antonio Carbone.
Se recuerda que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC-0367-21 que revocó una sentencia anterior que avalaba el despojo de sus propiedades, que incluyen 1,500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, así como 13 casinos adquiridos de forma legal tras una gran inversión.
