Tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos, incluido un alto mando chavista, fueron acusados por un juzgado de Florida de ejecutar un esquema de corrupción que se lucraba a través de la importación de alimentos y medicinas a Venezuela.
Entre los acusados están Álvaro Pulido Vargas, un empresario colombiano, y José Gregorio Vielma Mora, un político y militar chavista que, entre otros cargos, fue gobernador del Estado Táchira, en la frontera con Colombia, entre 2013 y 2017.
Según se lee en una comunicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se les acusa «por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una entidad estatal venezolana y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela».
Los programas asistenciales del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la escasez que se disparó entre 2013 y 2017 han resultado ser, según la justicia estadounidense, un nido de corrupción que involucró a varios ciudadanos colombianos cercanos a la cúpula chavista.
Esta semana, precisamente, quizá el más prominente de estos empresarios, Alex Saab, fue extraditado a EE.UU. después de haber sido arrestado en Cabo Verde como parte de una amplia investigación sobre la corrupción en Venezuela.
La escasez, un vehículo para la corrupción
Aunque la justicia estadounidense investiga los dos esquemas de corrupción como procesos separados, medios colombianos han reportado la cercanía de los empresarios colombianos con Saab.
Uno de ellos, Carlos Rolando Lizcano Manrique, es considerado la mano derecha del empresario extraditado hace seis días.
Y el esquema de corrupción que se les atribuye es prácticamente el mismo que se le sindica a Saab: contratos para importar alimentos y medicinas que eran cotizados con sobreprecio y otorgados a través de sobornos a funcionarios chavistas que se pagaban en cuentas bancarias internacionales.
Producto del esquema de corrupción, los llamados «conspiradores» supuestamente recibieron US$1.600 millones de Venezuela y transfirieron aproximadamente US$180 millones en sobornos.
